Organizadores del Safari del Valle podrían terminar en la justicia Penal

APIVA, la Asociación de Pilotos Vallistas, que cada año organiza el Safari Tras las Sierras, se encuentra en graves problemas con la justicia y podrían agravarse.

Es que en fecha 21 de julio, el juez de Paz de Valle Fértil, Adrián Cuevas, aplicó una multa equivalente a 3 mil pesos, además de suspenderle temporariamente por el término de un año la personería jurídica a la institución. Dicha inhabilitación está en curso ya que la sentencia quedo firme.

El expediente tuvo su origen consecuencia del Acta de Infracción Nº 00002553 de fecha 16 de febrero del 2020, de la Inspección de la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas dependiente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable por haber incumplido con la instalación de veinte (20) baños químicos para espectadores y solo instalaron seis baños. Se aclaro que no está permitido el acampe en la vera del Rio y los días 14, 15 y 16 se observaron carpas a la vera del rio por la noche en el 1er y 2do cruce del rio. Se dejo en claro que la demarcación del circuito se debía realizar con estacas y solo utilizaron cintas sujetas a la vegetación. En la sentencia del juez Cuevas, también se hace responsable al presidente de la entidad, Adolfo Enrique Vega.

Sin embargo, y pese a la sentencia judicial que está firme, desde APIVA ya anunciaron la realización del Safari edición 2021. Así aparece publicado en el diario digital de Valle Fértil infovallefertil.com, donde se informa en una extensa nota periodística bajo el título “El Safari Tras Las Sierras 2021 calienta motores y... prepara protocolos!”, dice que “Testeos, burbujas y limitaciones de público: así sería el próximo Safari tras las Sierras. Aún no hay fecha tentativa para el rally más apasionante de San Juan y la organización prepara un protocolo para presentar ante las autoridades”.

Antesala de probables delitos

Hoy, pese a los anuncios de una futura edición del rally, no se estaría configurando delito. Sin embargo, la actitud de APIVA y su presidente están en el umbral de la desobediencia de una orden judicial, lo que si configuraría un delito.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que, de abrirse la inscripción para el Safari, las figuras penales podrían sumarse y agravarse la situación judicial del representante de la institución, e incluso podría tener graves consecuencias para la asociación organizadora, como la pérdida definitiva de la personería jurídica.

Consultados algunos letrados, indicaron que una presunta estafa en grado de tentativa, podría ser otra de las probables imputaciones que pudieran realizarse en caso de llevar adelante el plan de realizara la edición 2021 de la prueba deportiva.