La Obra Social va a la justicia por el cese de convenio con ginecólogos

El conflicto entre obstetras y ginecólogos y la Obra Social Provincia llegó a su punto límite cuando este lunes los profesionales del sector anunciaron que a partir de noviembre las prácticas a afiliados a OSP solo se realizarán a través del sistema de reintegros, es decir que el paciente deberá pagar la consulta o práctica en efectivo, el profesional extiende factura y con ese comprobante se presenta en la obra social para reclamar la devolución del dinero. 

Como consecuencia que las prácticas ginecológicas son consideradas de urgencia, es que el gobierno anució que irá a la justicia con una medida cautelar y recurso de amparo para evitar que las prestaciones se vean resentidas, al tiempo que saeguirá negociando para alcanzar el acuerdo. 

Comunicado de OSP

La Obra Social Provincia mantiene las instancias de diálogo abiertas, cómo viene realizandolo durante todo este tiempo y se ha propuesto lo siguiente:

La OSP se compromete a incorporar en forma gradual el nomenclador de la FASGO, a través de reuniones conducentes a tal fin, con el fin de jerarquizar las prácticas dependiendo de la formación del profesional.

Continua con el compromiso de pagar a los 15 días de presentada la facturación, el cual se está cumpliendo en la actualidad.

A partir de la facturación de la prestaciones de Septiembre se ha implemento un nuevo sistema de facturación donde se desdobla gastos de honorarios. Los honorarios una vez realizada la liquidación le llegaran a los profesionales a las 48 horas.

La OSP a puesto a disposición los detalles de las liquidaciones para tener toda la información de los honorarios percibidos a disposición de ASOG.

Se ha iniciado una acción de amparo en virtud de la actitud unilateral e intempestiva de los ginecólogos y obstetras nucleados en ASOG, comunicada a través de los medios locales de comunicación y redes sociales y en virtud de la renucia masiva de los profesionales a las asociaciones como el Colegio Médico, Asociación Sarmiento y ACLISA, y que pone en juego la salud de más de 150.000 mil sanjuaninos que se encuentran afiliados a la Obra Social, que implica que no se les puede requerir que abonen en efectivo a los afiliados, ya que eso implica desconocer la grave situación económica del país y a los efectos de preservar la salud pública y la prestación efectiva de los servicios de ginecología en San Juan.