El anuncio de que durante el presente ciclo lectivo se implementará efectivamente en todo el país la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que obliga a enseñar en los colegios temas tales como la homosexualidad, el transgénero, los métodos anticonceptivos y el autoconocimiento del cuerpo, ha generado una gran conmoción ya que persisten las posiciones encontradas en torno a esta norma que resulta controvertida para gran parte de la sociedad. 

La decisión de que sea este año el inicio del dictado de la ESI es una medida inoportuna que no tiene en cuenta las dificultades que atraviesa actualmente la educación y la situación en que se encuentra el país con una serie de temas básicos a los que no se les encuentra solución. Se pretende, en medio de un convulsionado panorama, introducir un tema que hasta ahora ha sido resistido por amplios sectores de la comunidad y que podría ser postergado hasta tanto se logren mejores condiciones sociales o se alcance un consenso mayor tras algunas reformas que han sido propuestas. 

En un país donde los narcos están avanzando en sus objetivos, donde el desempleo es cada vez mayor y las adicciones aumentan exponencialmente, es un absurdo pensar en implementar la Educación Sexual Integral, la que requiere de un proceso lento y esmerado para evitar caer en interpretaciones erróneas que no conducen a ningún camino, menos el de la enseñanza de un tema tan delicado. 

La decisión de las provincias, a través de sus ministerios de Educación, de adherir a la propuesta nacional de implementar este año la ESI es una actitud que no ha tenido en cuentas las voces de sus respectivas comunidades, las que en más de una ocasión se han manifestado en contra por considerar que esta enseñanza no contribuye a una formación basada en valores genuinos que hay que consolidar para que los niños y los jóvenes no obtengan una visión errónea de la realidad.