Anoche se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía. El capítulo de las privatizaciones es el que más resistencia genera en la oposición dialoguista. La discusión podría seguir hasta el viernes.
La primera jornada de debate de la Ley Ómnibus dejó señales políticas múltiples. El oficialismo logró un doble triunfo: consiguió el quorum con ayuda de la oposición dialoguista y evitó que Unión por la Patria bajara la sesión y reenviara el proyecto a comisiones. Pero estos bloques dialoguistas también mostraron los dientes y le recordaron al Ejecutivo –que debió bajar o cambiar un centenar y medio de artículos- que estará obligado a negociar en un Congreso en el que está en minoría.
El debate pasó a cuarto intermedio, sin haber votado el proyecto. Es decir, la discusión del paquete de reformas continuará este jueves, primero con más exposiciones de diputados –quedaban al menos 140 por hablar- y luego con la votación “en general”. Hasta anoche, los bloques opositores todavía esperaban recibir cómo había quedado el texto definitivo tras las amplias modificaciones.
Por el modo en el que consiguió el quorum –que no necesita para retomar la sesión, pero sí para la votación- el oficialismo tenía prácticamente asegurada la aprobación “en general” con ayuda del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal (ligado a gobernadores de fuerzas provinciales) y otros bloques más pequeños también vinculados a mandatarios.
La discusión más seria y más compleja, aunque las negociaciones y los tironeos continuarán este jueves, estará en la votación en particular, que también demandaría decenas de horas.
El principal punto de conflicto estaba hasta anoche en el capítulo de privatizaciones.
La UCR y HCF intentaban negociar con el Ejecutivo una modificación de ese punto para evitar tener que rechazarlo en la votación particular, lo que –considerando el rechazo de base de UxP- haría caer ese artículo y supondría una derrota parlamentaria para Javier Milei, aunque algunos legisladores sospechaban que el Gobierno estaría buscando una excusa para cargar contra el Congreso.
El proyecto habilitaría la privatización de 37 empresas estatales en su totalidad, y tres, Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica, de forma parcial, sin un riguroso control parlamentario. Los bloques dialoguistas buscaban garantizar un mínimo de control legislativo, pero también la posibilidad de votar empresa por empresa cuáles podrían ser privatizadas y cuáles no, y no un paquete cerrado.
