Desde febrero, todos los delitos pasan al sistema acusatorio

Se trata de un cambio histórico en la Justicia provincial. Es porque ahora será el Ministerio Público Fiscal el que saldrá tras los autores de los delitos, investigará a fondos los hechos y se los presentará al juez, con lo cual se gana en celeridad y garantía en los procesos, según afirman desde la Corte de Justicia.

El sistema se había puesto en marcha parcialmente en febrero del 2021, pero hoy se anunció la implementación para todos los delitos, incluidos los que se cometen contra la propiedad y que tanto afectan a la población.

Fue por esto que, en conferencia de prensa, el Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, y el fiscal General, Dr. Eduardo Quattropani, anunciaron que se ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley, haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa que tiene este poder del Estado, para la implementación del nuevo sistema y que queden comprendidos todos los delitos que se cometen en la jurisdicción provincial.

Una vez aprobada la ley, la Corte de Justicia decidirá la fecha de implementación definitiva del Sistema Acusatorio en pleno, de acuerdo a las condiciones necesarias para el funcionamiento integral del sistema.

El Sistema Acusatorio Procesal Penal implica un cambio de paradigma procesal en el Poder Judicial de San Juan, mediante el cual se reasignan los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas. Es acusatorio porque le brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal para que avance en la investigación y permite que el juez observe de forma imparcial y garantice el proceso. Y es adversarial porque en todo el proceso hay una intervención de la Fiscalía y la Defensa, que participan en igualdad de oportunidades ante un juez. La Defensa busca el cumplimiento de las garantías constitucionales del imputado y el fiscal lleva adelante la acusación.

En la oportunidad, el doctor De Sanctis dijo que «tomamos la decisión para que en la totalidad de las investigaciones y juzgamientos de los delitos de jurisdicción provincial sean tramitados por la Ley 1851-O, del Código Procesal Penal, que consagra el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial.

A propósito, el fiscal General Quattropani destacó la trascendencia del cambio histórico: «en las distintas provincias se empezó con el sistema acusatorio de distintas maneras; en la mayoría se empezó mal porque no es fácil tener todos los recursos y preparar al personal para todos los delitos. En San Juan, la decisión de la Corte fue otra: comenzar en todo el territorio, pero con ciertos delitos: violencia de género, abuso sexual, delitos contra la función pública, homicidios dolosos y quedaron afuera, la mayoría de delitos, entre ellos contra la propiedad y lesiones, entre otros».

En ello, resaltó que «se deja atrás el sistema más caro en la historia de la justicia. Además, quedaban entre 18.000 a 20.000 causas que no concluían nunca. Con un enorme gasto, y a sabiendas que no iban a terminar, eso era tirar la plata del contribuyente».

De Sanctis remarcó que este sistema resolverá causas «en tiempo muy rápido, todo con audiencias. Se hace un pequeño legajo y el procedimiento es todo oral y videograbado. Nos encontramos contra el núcleo duro que son los delitos contra la propiedad, es decir robo y hurtos. Tenemos una importante de cantidad de casos y tenemos autores indefinidos. El viejo sistema era frustrante; acá el desafío es que el Ministerio Público Fiscal sale tras los autores, investiga a fondos los hechos y se los presenta al juez».

Se dará «celeridad y garantía al proceso; con lenguaje claro para la población. Y marcar que los delitos contra la propiedad generan la sensación de inseguridad».

Acerca del personal, marcó que se preparó por dos años y «sin duda se hará falta incorporar personal pero hoy con los recursos existentes podemos trabajar. Estamos preparados para comenzar. En el corto plazo sumaremos más fiscales, más defensores públicos y funcionarios».

El nuevo sistema

Según señala el proyecto enviado a la Legislatura, en la actualidad, los delitos contra la propiedad, que constituyen el mayor número, en particular los que se presentan perpetrados por autores desconocidos, demandan una importante labor investigativa, pudiendo el Sistema Acusatorio dar una eficiente respuesta.

Por eso es que la modificación más trascendente está dada por la separación de roles de los sujetos involucrados en el Sistema Penal Acusatorio, diferenciando las tareas propias de investigación en cabeza de los fiscales como órgano requirente, el ejercicio de la defensa del imputado en un pie de igualdad garantizando la absoluta independencia funcional de los defensores públicos y particulares, y las jurisdiccionales a cargo de la magistratura integrante del Colegio de Jueces y el Tribunal de Impugnación. Por último, las administrativas con estructuras independientes y extrajurisdiccionales a cargo de la planificación de audiencias y la gestión de recursos necesarios para la concreción exitosa de los procesos judiciales.

En cuanto a los restantes poderes del Estado involucrados, la puesta en marcha del sistema ha demandado del Poder Ejecutivo la asignación de recursos y una inversión pública que facilitó el acceso a herramientas y recursos humanos indispensables.

Paralelamente, las fuerzas de seguridad, auxiliares en las tareas de investigación, han realizado un aporte fundamental a través de sus roles de prevención e investigación armonizándose con las características propias del Sistema Acusatorio.

Luego de la disolución de las estructuras tradicionales del sistema procesal mixto, absorberá un universo de veintitrés mil (23.000) casos aproximadamente, según estadísticas proporcionadas por la Policía de San Juan, mediante la creación de nuevas unidades fiscales especializadas, un diagrama de despliegue territorial del Ministerio Publico Fiscal y la concentración del manejo de información, mapas del delito, elaboración de estadísticas, planificación de políticas de persecución penal, y estructuras destinadas a la solución primaria del conflicto mediante la utilización de medidas alternativas. El modelo en desarrollo prevé la creación por parte del Ministerio Publico fiscal de, al menos, tres nuevas unidades fiscales de investigación: una de Accidentología vial, otra de delitos contra la propiedad (Robos y Hurtos) y una tercera de Delitos Informáticos y Estafa. Asimismo, el diseño incluye una reformulación de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, por cuanto algunas de las materias que hoy tramita serán absorbidas por la Unidad Fiscal de Delitos del Tránsito, al tiempo que tendrá bajo su órbita otras competencias que se agregan a partir de la implementación integral.

Como uno de los mayores desafíos es el diseño de un modelo capaz de abordar con eficiencia los delitos contra la propiedad, el sistema requerirá de un despliegue territorial del Ministerio Público Fiscal, para cuya programación se ha tomado como base el organigrama de división departamental de la Policía de San Juan, así como el despliegue actual de las unidades policiales departamentales.

Además, resultará necesaria una planificación que comprenda el despliegue territorial del Ministerio Público Fiscal, para de esta manera asegurar inmediatez entre la noticia criminal, el aseguramiento de la evidencia probatoria, y la adopción de medidas urgentes. Asimismo, para una adecuada y eficiente tramitación de los procesos, se prevé la necesidad de crear una Oficina de Recepción de Denuncias, análisis temprano y gestión de los casos, que asegure una precoz clasificación e identificación de aquellos procesos que permitan la aplicación de medidas alternativas para la solución del conflicto, y la elaboración de plataformas digitales de acceso para la presentación de denuncias.