Burlando defenderá a empresa denunciada por Obra Social Provincia

Está metido con varios casos que involucran a famosos y ahora patrocina a la familia de Silvina Luna, la actriz que falleció por una supuesta mala praxis de Aníbal Lotocki. Se trata del mediático abogado Fernando Burlando, que llega a San Juan para defender a Garder Salud, la empresa denunciada por la Obra Social Provincia (OSP), bajo la sospecha de haber facturado prestaciones médicas que no realizaron.

En los pasillos de tribunales llamó la atención la actitud de la prestadora de salud por contratar a un abogado que se encuentra en la cresta de su carrera y que sale a toda hora, por ejemplo, por los canales de televisión.

La pata sanjuanina del equipo de Burlando es el abogado sanjuanino Gabriel Silva, quien le aseguró a Tiempo de San Juan que contraatacarán con una denuncia en la justicia penal contra las autoridades de la OSP.

La denuncia será este viernes en la fiscalía de turno por los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y por abuso de autoridad, el interventor de la OSP, Miguel Ángel Grecco, y la gerenta de la institución, Cecilia Sarmiento, con el objetivo de que esa acusación se incorpore a la causa existente en la UFI de Delitos Especiales.

La denuncia

La empresa Garder Salud sumó en agosto una nueva denuncia bajo la sospecha de haber facturado prestaciones médicas que no realizaron, en este caso por internaciones domiciliarias. Los involucrados son Marilina Elisa De la Fuente, María Florencia Molina De la Fuente y Adrián Guzmán.

Al parecer, la maniobra se basó en un intento por engañar a la OSP, facturando una internación domiciliaria cuando, en realidad, nunca ocurrió. Por ese tratamiento, la firma cobró el servicio a la entidad pública, por lo que habría habido un giro indebido en perjuicio de las arcas de la obra social.

La presentación judicial fue realizada por el interventor en la OSP, Miguel Greco.

Se trata de la segunda denuncia contra la prestadora de salud porque en octubre del año pasado, la empresa había quedado en la mira luego de que la OSP realizara una auditoría interna y detectara que la compañía, que se dedicaba a brindar alimentación a personas internadas en sus hogares y a prestar internación domiciliaria, tuviera un fuerte crecimiento en su facturación. Y hasta encontraron que figuraban prestaciones a personas fallecidas. Y había otras tareas facturadas fuera de convenio.

Con todos estos antecedentes, la UFI Delitos Especiales solicitó abrir la Investigación Penal Preparatoria (IPP), pedido que tuvo el acuerdo del juez de Garantías Diego Sanz. 

Los tres involucrados ahora ya estaban en la mira de la Justicia en la primera causa y ahora quedaron involucrados nuevamente. Incluso, al tratarse de un presunto nuevo delito, denunciado por la misma entidad contra la misma firma, es de suponer que ambas causas se acumularán y quedarán bajo la misma investigación.