Preocupa en la UNSJ el achique de gastos en el Estado

En una entrevista realizada para el noticiero diario del canal universitario Xama, la vicerrectora de la UNSJ Mónica Coca, habló de algunas incertidumbres producto de medidas económicas que afectan a la Administración Pública Nacional, algunas incluidas en el decreto 632/2018.

Este decreto, que el Poder Ejecutivo Nacional firmó la semana pasada, establece medidas destinadas a achicar el gasto de la Administración Pública Nacional (APN), basándose en que “la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la APN propenda a la utilización racional de los recursos públicos.” 

El decreto, que ha sido presentado como una de las soluciones en el logro del achique del gasto público, señala que “a fin de contribuir con la reducción del gasto público se considera necesario prohibir la celebración de nuevos Convenios de Servicios de Asistencia Técnica entre las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional (…) y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública”. Además, los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019. En líneas generales las entidades de la APN no podrán realizar nuevas designaciones ni contrataciones hasta fines de 2019. Además, el pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales deberán ser previamente informados; y no se podrán instrumentar hasta diciembre del año que viene beneficios nuevos, en dinero o en especie.

“Hasta el momento, a la UNSJ esto no le afecta ya que no contamos con este tipo de contratos técnicos o de asistencia técnica”, aclara la vicerrectora, Mónica Coca en una extensa entrevista realizada en “Universidad en Vivo”, el noticiero de Xama TV. “Tenemos saneados el ámbito docente y no docente de nuestra universidad. Se han realizado concursos para pasar a planta permanente tanto al personal no docente con larga trayectoria como al personal no docente con alguna discapacidad. Estamos en proceso de darle cumplimiento a la totalidad de cargos que nuestra Universidad tiene dentro de su presupuesto”. 

Sin embargo agrega, “hay grandes universidades en el país, como la Universidad de Buenos Aires, que tienen gran parte de su personal docente y no docente dentro de estos contratos de asistencia técnica. Con la firma de este decreto, en diciembre ya dejan de tener existencia. Y hay decanos, como el de Ciencias Económicas de la UBA, que expresaron que su facultad ya no podría funcionar si se caen estos contratos”, dice la vicerrectora Mónica Coca.

Respecto de la situación de las instituciones que dependen del Ejecutivo, el escenario es de total incertidumbre: a la disputa salarial se suma la reducción del gasto público obligado mediante el no envío de fondos. “Un grupo de diputados nacionales presenta en estos días un proyecto de ley para declarar la emergencia en las universidades nacionales, debido a que no están enviándose en término las partidas presupuestarias destinadas a gastos corrientes. También conocemos que otro grupo de diputados ha realizado un pedido de informes al gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, sobre los motivos de la falta de cumplimiento del envío de las partidas para gastos corrientes”, expresa la vicerrectora.

“Estamos supeditados a la respuesta que reciban los dos grupos de diputados nacionales que se han comprometido con las universidades y que han elevado un proyecto de ley y un pedido de informe, para decidir cuáles son los pasos a seguir en nuestra Universidad”, señala la vicerrectora.

En ese pedido de informe de los diputados se señala que ya hay Universidades que se encuentran incapacitadas para continuar su tarea. “Hay un frente nutrido de rectores, de distintas ideologías políticas, que ya están hablando del no inicio de clases en el segundo cuatrimestre”, dice Coca. “Los gremios de docentes universitarios de todo el país han planteado no dar inicio al segundo semestre y esto ha sido confirmado por plebiscito en cada una de las Universidades”.

En este sentido, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica resolvieron el no inicio del segundo cuatrimestre con cese total de actividades, a partir del 6 de agosto; decidieron también llevar a cabo un plenario de Secretarios y Secretarias Generales donde se evaluará la medida de fuerza, previsto para el 10 de agosto; y también realizar una movilización universitaria aún sin fecha definida. Ambos gremios locales de los que son parte los docentes universitarios y preuniversitarios de la UNSJ, ADICUS y SIDUNSJ, evaluaron también esta medida.

Un presupuesto “recortado” y partidas atrasadas
En este momento a la UNSJ sí le afecta el envío de la partida presupuestaria para gastos corrientes, esto es el dinero destinado al pago de servicios, alquileres, gastos de funcionamiento en general y para la actividad en docencia en general, de investigación y de extensión. El gobierno adeuda seis meses de esta remesa de fondos. La vicerrectora destaca que la UNSJ tiene una situación de saneamiento financiero que le ha permitido cubrir estas deficiencias: “El año pasado, cuando ya se avizoraba un panorama complejo, se hizo un control de gastos muy estricto. Se redujeron horas extras; también los subsidios y apoyaturas a alumnos y docentes para la participación en Congresos; entre otras medidas. Pero sabemos que si esto se prolonga en el tiempo no vamos a poder cubrir estos gastos si Nación no cumple con el presupuesto”, expresa Mónica Coca.

Hay que destacar que el presupuesto de 2018 para la Universidad ha sido el mismo que el de 2017, con la diferencia de un más de 40% en la suba de los costos de funcionamiento. “Esto se suma a la inflación, que ya representa un recorte en sí mismo”, dice la vicerrectora.

Ante el escenario de incertidumbre acerca del funcionamiento del conjunto de universidades públicas que se ven afectadas por las medidas políticas y económicas del gobierno nacional, la vicerrectora señala que “esta situación va unida a una cierta descalificación o desconocimiento hacia el sistema universitario expresados por muchas autoridades nacionales”. Y concluye: “Por ahora estamos en una espera por el receso invernal, pero en constante contacto para saber cuáles son los caminos que se nos puedan presentar y los pasos que tenemos que dar”.